Daños causados por las lluvias

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En el pasado Pleno del Jueves 25 de Febrero, el Grupo Municipal de Izquierda Unida solicitó al Equipo de Gobierno que pusiera en marcha las medidas necesarias para tratar de paliar los daños causados por las lluvias torrenciales de los ultimos dias en Baena y Albendín.

Estas medidas comprenderían, por una parte, la creación de una oficina de recepción de daños donde se pueda atender a los afectados y que permita evaluar y cuantificar los daños a la mayor brevedad posible; y de otra establecer ayudas urgentes para los damnificados en la medida de las posibilidades de la economía municipal.

El ayuntamiento debe abanderar las gestiones necesarias ante los organismos correspondientes que den cobertura a los afectados, y solicitar las ayudas de acuerdo a la Orden Ministerial 1200/2006, que delimita el concepto de situación de emergencia o de naturaleza catastrófica.

Tanto la cuenca del Guadajoz como la del arroyo Marbella, se han visto gravemente afectadas por las enormes crecidas, que han arrasado muchas de las infraestructuras existentes, al igual que han destrozado cosechas, tanto actuales como futuras, y que a su vez han inutilizado gran parte de la maquinaria de labor existente.

Teniendo en cuenta que muchas de las explotaciones existentes son pequeñas y de caracter familiar, se hace tremendamente dificil, que estas familias puedan asumir por si solas, la reparacion de los daños causados.

El grupo Municipal de Izquierda Unida Baena se congratula de la respuesta positiva del equipo de gobierno al respecto, y solo nos queda ofrecer nuestra ayuda tanto a los afectados como al equipo de gobierno, para que puedan ser gestionadas y elevadas a las demas administraciones pertinentes todas las solicitudes de daños causados en Baena.

Son muchos y graves los daños que pudimos observar al hacer el recorrido por las zonas afectadas. Aquí os dejamos algunas fotos que pudimos hacer.

100 medidas concretas para salir de la crisis por la Izquierda

Izquierda Unida ha decidido abordar el pacto contra la crisis que ha promovido el Gobierno con una batería concreta de medidas que se aleje del cruce de declaraciones políticas. La coalición de izquierdas ha propuesto un plan de 100 medidas, perfectamente cuantificado: su objetivo es invertir 11.800 millones de euros de dinero público para crear 1,1 millones de empleos este año.

El plan lo ha presentado hoy el coordinador de IU, Cayo Lara y el responsable del área económica del partido, José Antonio Rubio. El programa de IU se limita a un sólo enfoque político: "Una salida democrática a la crisis con un enfoque social que ayude a los trabajadores, a los autónomos y las pymes". El resto del documento presentado, al que ha accedido Público son 15 folios técnicos y cuantificados de su planteamiento.

Lo primero que ha querido explicar Lara es que su plan no contribuiría a aumentar el déficit del Estado (que debe rebajarse al 3% en 2013) ya que generaría, según sus cálculos, un retorno de "8.630 millones de euros" en impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social.

Programa de empleo:

Las medidas de empleo de Izquierda Unida contemplan, entre otras, crear un nuevo programa de empleo y formación para desempleados, dotado con 4.500 millones, que se añadiría a los 1.500 que suponen ya las ayudas de los 420 euros. El programa incluiría una jornada laboral de 5 horas y 2 de formación, por la que el parado cobraría 700 euros. "Esto es un proyecto de Estado y no las cuatro simplezas del PP", dice Lara.
Además, frente a la intención del ejecutivo de recortar la oferta de empleo público, Izquierda Unida aboga por crear 10.000 puestos más dotados con 500 millones y 45.000 puestos de trabajo en las comunidades autónomas, que se financiarían restituyendo el Impuesto de Patrimonio. Sin embargo, la coalición apuesta por limitar los salarios altos en la Administración y regular "de forma estricta" las revisiones de precios al alza en los contratos de los concursos públicos.

Para paliar la situación de la construcción, uno de los sectores que más empleo están destruyendo, IU propone una subvención para la rehabilitación de viviendas cifrada en 5.000 millones de euros, que según la coalición generarían unos ingresos para las arcas estatales de casi 10.000 millones entre retorno de IVA y cotizaciones.

Combatir la economía sumergida y modelar la fiscalidad

IU se propone combatir con energía la economía sumergida y utilizar ese dinero para financiar la creación de empleo, que cifran "entre el 20 y 25% del PIB". Para ello, entre otras cosas, incrementarían la plantilla de inspectores en Hacienda.
En cuanto a la remodelación fiscal, IU apuesta por compensar la distribución de riqueza, por la que "hoy 1.400 personas controlan actualmente un capital equivalente al 80% del PIB de España". Entre sus planteamientos está Aumento de 5 puntos en el impuesto sobre beneficios de las entidades de intermediación financiera, restituir el Impuesto sobre el Patrimonio o elevar la imposición a las Sicav (entidades con privilegios fiscales con la que tributan las grandes fortunas).También apuesta por subir la tributación del último tramo del IRPF del 43 al 50%.
Subir el salario mínimo y reducción de la jornada laboral
Entre las medidas destinadas a la remodelación del marco laboral, IU rebajaría la jornada laboral a 35 horas semanales (sin pérdida de retribución) para crear más puestos de trabajo y controlar eficazmente las horas extraordinarias.
Del mismo modo, IU apuesta por elevar el salario mínimo desde los poco más de 600 euros actuales a 1.100 euros.

La vivienda como un derecho y otras medidas

IU pretende absorber parte del stock sobrante de la crisis inmobiliaria a la vez que garantiza "el derecho a acceder a una vivienda". En este sentido apuesta por comprar a precio de coste 100.000 viviendas para crear un Parque Público de Viviendas en Alquiler moderado. "El alquiler no deberá ser superior al 30% de los ingresos de los inquilinos". Del mismo modo, pide la "suspensión de todos los procesos de ejecución del desahucio como consecuencia del impago de hipotecas en el caso de trabajadores parados".

Otras apuestas de IU son apoyar a las pymes y autónomos limitando a 30 días el pago de las Administraciones Públicas a éstas, o la creación de una Ley sobre morosidad, que obligue al pago a proveedores en un máximo de 90 días en todos los contratos privados.

Estas y otras medidas son las que pide Cayo Lara al Gobierno para "salir de la crisis por la izquierda", por eso, ha pedido al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que atienda a este "proyecto de Estado" y no a las "cuatro simplezas del PP".

En defensa de las pensiones. Manifestación 24 de febrero

sindicatos

Manifestación

MIERCOLES 24 de Febrero

a las 19.30 horas

Salida desde Paseo de la Victoria (Frente a Cruz Roja)

CONTRA EL RETRASO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN

ACUDE

La escasa credibilidad de Davos

Artículo publicado en Público el 11/02/10

El artículo en su contexto

VICENÇ NAVARRO

Un mensaje que se está promoviendo ampliamente en medios liberales es que la economía española es escasamente eficiente y muy poco competitiva, y ello como resultado de las supuestas rigideces de su mercado de trabajo y del excesivo gasto público. Uno de los centros que han promovido más este mensaje es el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, citado frecuentemente como el Vaticano del pensamiento liberal. Uno de sus informes, Global Competitiveness Report 2009-2010 (en el que analiza la competitividad de los países del mundo), sitúa a España en términos muy desfavorables, por debajo de países del tercer e incluso del cuarto mundo. Y como era de esperar, el coordinador del estudio, Xavier Sala i Martín, ha sido ampliamente entrevistado por los medios de información de mayor difusión del país
(la mayoría de los cuales son de persuasión liberal), proveyendo las cajas de resonancia a tal mensaje.
Un análisis riguroso de tal informe cuestiona, sin embargo, la validez del estudio, así como sus conclusiones. En primer lugar, el estudio no se basa, en su mayoría, en un análisis que utilice datos objetivos sobre los cuales construir el informe y alcanzar sus conclusiones. El estudio es primordialmente una encuesta de opinión en la que, en cada país, se pregunta a una institución próxima al mundo empresarial (con orientación liberal, en la mayoría de países) su opinión sobre una serie de preguntas que incluyen: “¿Cómo valora la percepción popular sobre el comportamiento ético de los políticos en su país?”, “¿cómo valora la contratación y el despido de trabajadores en su país?” o “¿cómo valora la disponibilidad de nuevas tecnologías?”, entre muchas otras. La institución que responde a aquella pregunta pone un número en una escala, sin que exista, sin embargo, una homologación en el criterio que guíe las respuestas. De esta manera, se abre el estudio a toda una serie de subjetividades. En algunos países, la institución que responde a las preguntas es muy crítica sobre la situación en su propio país, mientras que en otros lo es muy poco. Esta subjetividad, sin intento de homologación de criterios, es lo que caracteriza el estudio.
Esto lleva a resultados que son, como mínimo, sorprendentes (para expresarlo de una manera amable). Así, en la pregunta que se hace sobre corrupción en un país (“¿es práctica generalizada que se den fondos públicos a compañías o individuos como consecuencia de la corrupción?”), una dictadura como Qatar (que se ha convertido en el paraíso del mundo empresarial) aparece como uno de los países menos corruptos del mundo (en aquel país, la distribución de los recursos petrolíferos la hace el Gobierno entre miembros de la familia real), muy por encima de España. No hay duda de que hay corrupción en España. Pero poner una dictadura medieval como modelo de honestidad es poco creíble.
Otra valoración sorprendente es que Omán, otra dictadura feudal del Medio Oriente, sueño del mundo empresarial por la enorme riqueza petrolífera y por tener una fuerza de trabajo (la mayoría inmigrante) sin ningún derecho laboral, aparece como uno de los países que (según el contestador del cuestionario en aquel país) goza de mayor confianza popular respecto al comportamiento ético de sus políticos, muy por encima de un país democrático como España. Por lo visto, confianza popular quiere decir, para el que contesta la pregunta, confianza empresarial. En cuanto a “cómo considera usted la contratación y despido de los trabajadores”, España aparece a la cola, muy por debajo de Senegal. España, por cierto, se encuentra al mismo nivel que Senegal en el capítulo de “disponibilidad de nuevas tecnologías”.
En todos estos casos, lo único que muestra el informe es que la institución española (IESE, el centro de estudios empresariales que ha respondido por parte de España) es más crítica hacia su propio país que la institución de Senegal (Centre de Recherches Economiques Appliquées, Universidad de Dakar) o que la de Omán (The International Research Foundation) o que la de Qatar (Qatari Businessmen Association). Pero en ningún caso aportan datos que puedan compararse y que permitan llegar a conclusiones.
Me parece muy bien que las instituciones a las cuales se les pida su opinión sobre la situación en su país la den. Nada censurable en ello. IESE contestó acentuando el aspecto crítico y me parece muy bien. Pero me parece muy mal, y refleja una enorme falta de rigor (que da pie a todo tipo de manipulación), que el equipo coordinador ponga todas estas respuestas juntas, se amalgamen en un indicador y se produzca entonces una lista de países según su nivel de competitividad. En realidad, lo único que puede deducirse del informe Davos es que la agencia de Senegal que llena el cuestionario es menos crítica hacia su país de lo que es IESE hacia España. El informe mide distintos niveles de subjetividad. Pero nada más. Construir toda una serie de conclusiones sobre ello es no sólo frívolo, sino profundamente erróneo. Lo cual es fácilmente demostrable cuando se contrasta con datos objetivos. En el capítulo dedicado a la educación, cuando el informe Davos analiza la calidad educativa (en materias como matemáticas o ciencias), España aparece de nuevo a la cola (nº 99) junto con Kirguizistán. Pero el informe PISA, mucho más imparcial que el informe Davos, al basarse en datos objetivos, muestra que Kirguizistán tiene el conocimiento en matemáticas y ciencias más bajo de la lista de países analizados, mientras que España está ligeramente por debajo del promedio de los países de la OCDE, el grupo de países más ricos del mundo. Es en base a este tipo de estudios que la cultura liberal de Davos está presentando una visión de España deliberadamente negativa a fin de presionar al Gobierno español para que haga los cambios que ella desea.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Políticas Públicas de The Johns Hopkins University

Ilustración de Mikel Jaso

Hasta que el cuerpo aguante

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Concha Caballero ha publicado este artículo en El País, a propósito del proyecto de gobierno de ampliar a 67 años la edad de jubilación.

No hacen falta comentarios

En la última película de Michael Moore, el cineasta hace acordonar Wall Street con la conocida cinta amarilla policial, como el lugar donde se cometió el crimen de esta terrible crisis económica. No hay delito que se haya cometido más a la vista de la humanidad. Conocemos sus lujosas guaridas, su modus operandi, sus cómplices en los gobiernos mundiales, pero no serán castigados. Ya han olvidado las leves amonestaciones iniciales y vuelven a alzar la vista, altivos y prepotentes.
No habrá ninguna revisión ética del capitalismo, ni refundación que te pintó, solo más paro, peores salarios y recorte de pensiones. Se retoman las mismas ideas que nos condujeron a la crisis y se defienden con un cinismo universal, totalitario.
La patronal española propone retrasar la edad de jubilación hasta los 69 años. El gobierno responde con contundencia para –a los pocos días- plantear una medida similar. Sólo dos años, e idéntico criterio, separan las posiciones reaccionarias y ultramontanas de la patronal de las de un gobierno que afirmó que en ningún caso consentiría recortes sociales. Es fácil entender a la patronal: la seguridad social les trae al pairo, lo que quieren es alimentar los seguros privados y reducir su contribución. En la práctica, ellos son partidarios de jubilar a los trabajadores con cincuenta años, a costa del Estado, y lo han demostrado de norte a sur por toda la geografía hispana.
La bahía de Cádiz, el entorno industrial de Sevilla, el textil de Málaga y la zona industrial de Linares exhiben las heridas de esta batalla incruenta. Miles de trabajadores de Astilleros, de Delphi, de Gillette, de Intelhorce, de Santana, de Tabacalera han sufrido en sus carnes estas prejubilaciones llamadas voluntarias, pero impuestas a sangre y fuego y escritas con tinta de derrota.
También puede darnos testimonio sobre los efectos de retrasar la jubilación, cualquier persona parada con más de cuarenta y cinco años que sufre el calvario de puertas cerradas y respuestas evasivas por una ley no escrita según la cual a partir de esa edad no tiene entrada en el mercado laboral. Por eso, el gobierno, antes de apuntarse al carro de los recortes sociales, debería dar a conocer una lista de empresas y actividades dispuestas a contratar o mantener a sus trabajadores hasta los sesenta y siete años.
La medida del retraso de la jubilación es toda una declaración de impotencia, de falta de autoridad y de ideas. Es muy fácil imponerse a los más débiles. Lo difícil es hacer cambios que garanticen el sistema social. Lo difícil es aumentar la cotización por la vía de reducir la precarización escandalosa del mercado laboral español y no digamos ya del andaluz. Lo complicado es perseguir el fraude del IVA que en comunidades como Andalucía más bien parece un impuesto voluntario. Lo comprometido es conseguir la tasa de actividad de las mujeres en el mercado laboral se acerque a los países desarrollados de Europa y aumenten así en varios millones el número de cotizantes. Lo importante es invertir en servicios de proximidad, en conciliación de la vida laboral y en todo aquello que alimente la empleabilidad y la formación del mercado laboral. Lo complicado, finalmente, es hacer aflorar ese treinta por ciento de economía sumergida que no cotiza a la seguridad social ni a Hacienda y que solucionaría una buena parte de los problemas de recaudación actuales.
Sólo Alemania ha contemplado una medida similar. Sus sueldos y pensiones, según las últimas estadísticas, son justo el doble de las españolas con unos precios similares. En una comunidad como Andalucía con setecientos euros de pensión media y un tercio de personas que no alcanzan las contribuciones necesarias para entrar al sistema, esta reforma solo logrará empobrecernos aún más y aumentar la tentación de guardar el dinero de los impuestos en un calcetín, al parecer mucho más seguro y rentable que la seguridad social del futuro.